Soso y CAME se reunieron con Cristina Kirchner por el diálogo social

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Cristina Cornide Soso CAME
La presidenta Cristina Fernández recibió hoy en Casa de Gobierno a una delegación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el marco del Diálogo Social que impulsa el gobierno nacional. La comitiva, presidida por el titular de la entidad, Osvaldo Cornide, entregó un documento con propuestas tendientes a fortalecer el actual modelo de desarrollo productivo con inclusión social.

Acompañada por las Cámaras, Federaciones y Uniones de la industria, el comercio, la producción primaria y el turismo, incluida la Asociación Empresaria de Rosario con su presidente Elías Soso, la CAME planteó un conjunto de acciones estratégicas inmediatas bajo el título ‘Fortaleciendo el desarrollo argentino’:

1) Participación de los trabajadores en las ganancias empresariales: impulsar una Ley justa a través de la cual se establezca el mecanismo de reparto de ganancias empresariales, discutiendo la distribución de utilidades en las convenciones colectivas de trabajo. Esto permitirá adecuarlas a cada sector de actividad económica contemplando las condiciones y ciclos particulares de cada una de ellas.

2) Creación de un Banco de Inversión y Desarrollo para PYMES: mejorar la calidad del crecimiento y continuar creciendo a tasas altas requiere de un sistema financiero que atienda la inversión productiva de corto, mediano y largo plazo. Para ello se necesita modificar la Ley de Entidades financieras y crear un Banco de Desarrollo que apoye las iniciativas PYMES.

3) Combatir el comercio ilegal y la ocupación del espacio público: La actividad clandestina no paga impuestos y afecta al comercio organizado, a la industria, al turismo y la producción primaria. La dimensión del comercio ilegal es alarmante. Ya hay más de 500 predios clandestinos en todo el país, con alrededor de 60.000 puestos instalados y una facturación anual estimada en $ 40.500 millones. Estos centros de venta movilizarían el equivalente a 3% del PIB y evadirían $17.000 millones anuales entre IVA, ganancias, ingresos brutos y cargas sociales. El modelo de comercio basado en la venta ilegal es incompatible con una política de desarrollo. Es urgente iniciar su desmantelamiento, y eso requiere de un marco normativo más severo y la decisión firme de política nacional.

4) Transición tributaria: avanzar hacia un sistema tributario de perfil productivo y social: la reestructuración tributaria necesaria en esta primera etapa involucra impulsar un Régimen Especial de Capitalización del Impuesto a las Ganancias de las micro, pequeñas y medianas empresas que inviertan; eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta; y gravar la renta financiera para alcanzar una equidad horizontal con los gravámenes a las rentas de la producción y del trabajo. Atender los perjuicios que provoca el impuesto a los débitos y créditos bancarios a numerosas actividades económicas, y que alientan la evasión.

5) Continuar con la Política de Administración del comercio exterior: la aplicación de licencias no automáticas a la importación de productos sensibles está fortaleciendo la producción nacional, evitando el desplazamiento de productos fabricados por pequeñas y medianas industrias, y preservando actividades donde se concentra 43% del empleo industrial. Por esta medida, en 2010 y 2011 se habrán sustituido importaciones por más de US$ 11.000 millones, dando lugar a la creación de 65.000 nuevos empleos industriales. Se estima que las empresas argentinas están en condiciones de sustituir un tercio de los productos que hoy se importan.

6) Equiparar las alícuotas aportadas a las ART entre pequeñas y grandes empresas, y crear un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para afrontar reclamos de ‘doble vía’: El costo del sistema de ART para una PYME es cuatro veces mayor al de una gran empresa. A esa inequidad se suma la posibilidad de realizar reclamos de doble vía que alientan la Industria del juicio y perjudica gravemente a las PYMES. La solución es implementar efectivamente el Decreto firmado en 2009, subiendo las alícuotas que pagan las grandes empresas para equipararlas con las de las PYMES. Con el excedente que obtengan las ART se conformará un Fondo Asegurador Empresarial (FAM) para afrontar los reclamos de ‘doble vía’.

7) Mejorar las condiciones de acceso a los Fondos del Bicentenario: en 2010 se dispusieron recursos por $ 8.000 millones para financiar a empresas en lo que se denominó Fondo del Bicentenario. Para que estos fondos lleguen con fluidez, es necesario flexibilizar los requisitos y renovar el compromiso de las entidades responsables de asignar esos recursos.

8) Regionalización del crédito: garantizar la oferta de crédito en todo el país estableciendo obligaciones de extensión territorial según la participación que tienen las entidades privadas en los depósitos. Una opción es establecer cláusulas para que los programas nacionales tengan una distribución de cupos presupuestarios por provincias.

9) Promover un Nodo de Programas Financieros y No Financieros de Apoyo a PYMES (NAPY) creando un organismo encargado de monitorear su gestión y ejecución: la Argentina dispone de una diversificación amplia de programas de apoyo y financiamiento a PYMES, que no se conocen, no se ejecutan o su asignación se demora. Sólo a nivel nacional hay más de 120 programas. Para coordinar y hacer efectiva la ejecución de estos programas, es necesario concentrar en la SEPYME el monitoreo de los mismos con la asistencia de un órgano asesor.

10) Fortalecer los mecanismos vigentes de promoción del empleo PYME: la economía ingresó en una fase de crecimiento caracterizada por una menor elasticidad empleo-producto. Para continuar creando empleo se sugiere ampliar y agilizar mecanismos de promoción como el sistema de compensaciones de impuestos nacionales a empresas que incorporen y formalicen personal.

Fuente | CAME